La Contraloría General de la República iniciará un sumario administrativo al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito, tras detectar una serie de anomalías en la adjudicación de una licitación a la empresa Motorola por la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros. La licitación se definió durante la administración de Katherine Martorell como subsecretaria.
El organismo fiscalizador detectó que no existió “constancia de la revisión efectuada por la comisión evaluadora que sustente el Acta de Evaluación” de la licitación realizada por la institución dirigida, en ese entonces, por Martorell.
Además, se estableció que las ofertas de Motorola y la empresa de Tecnologías Sociales Limitada no detallaron en sus anexos si los equipos contaban con “post recording de 120 segundos” como lo exigía la norma. Por lo que sus ofertas debieron declararse inadmisibles, cuestión que no ocurrió.
Uno de los antecedentes más graves que contiene el informe dice relación con las bases de la licitación. Según Contraloría, se verificó que “no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos hayan cumplido con los requisitos exigidos en las bases de estudio”. Así lo señala el documento acusatorio.
Todos los antecedentes contenidos en el escrito fueron remitidos por la Contraloría a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Antecedentes y respuesta de Katherine Martorell
Antes del Informe Final de la Contraloría ya se había instalado un manto de cuestionamientos al proceso de licitación antes mencionado. Esto porque a mediados de este año la firma Pegasus presentó una querella por delitos de corrupción ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El libelo acusatorio de la firma internacional sostuvo que el concurso presentó una serie de vicios que a su juicio permitieron que Motorola se adjudicara la licitación.
“Este proceso licitatorio, absolutamente viciado, sólo buscaba esconder un trato directo, en perjuicio del erario nacional, disfrazando o simulando una licitación pública”. Eso es parte de lo que dice la presentación patrocinada por la abogada Monserrat Rodríguez.
La queja se fundamentaba en las características que debían presentar los equipos. A juicio de Pegasus, las cámaras corporales de Motorola solo cumplían con el “pre grabado”. Es decir, les faltaba el “post grabado”, como lo exigían las bases de licitación.
Katherine Martorell salió a defenderse de la investigación de la Contraloría. “No establece elementos que revistan características de delito”, aseguró.
Y agregó que actuará judicialmente contra quienes presentaron la querella que la complica. “No puede ser que en Chile sea gratis querellarse”, comentó.
